-Importante implementar una Nueva Gestión Pública de Seguridad.
Según la encuesta de Seguridad en Entornos Urbanos de 2018, en Puebla 9 de cada 10 poblanos indicaron sentirse inseguros, por tanto, esta percepción que se acrecienta cada día más, no permite disfrutar de vivir en la ciudad bajo los términos de seguridad y sostenibilidad, así lo mencionó la Dra. Verónica García Morales, Profesora Investigadora de la Universidad de Barcelona y Profesora invitada por el Decanato de Ciencias Sociales de la UPAEP dentro del programa de Profesores Humanistas Internacionales.
Puntualizó que la ausencia de seguridad en la ciudad genera una sensación y clima de desconfianza, la cual incrementa la inseguridad en los entornos urbanos; esto solamente provoca que las cifras de impunidad incrementen.
“Por tanto, la confianza es importante para tener entornos urbanos seguros tanto entre los habitantes de una ciudad como la certeza que éstos tienen respecto del poder público y la respuesta que las administraciones públicas puedan ofrecer para garantizar la seguridad de las personas, la integridad física, pero también la de la protección de sus bienes materiales y del patrimonio cultural y material que se asienta en esa ciudad”.
Ante este panorama, la especialista en seguridad urbana, reiteró que el derecho a la ciudad es un concepto clave que toma especial relevancia en este sentido; ya que, se puede entender desde tres marcos distintos:
Se rige como un movimiento social participativo en donde la principal reivindicación es la imposibilidad de habitar o poder vivir la ciudad en términos de sostenibilidad y esta tiene una relación directa con la seguridad.
El derecho a la ciudad también se configura como una herramienta analítica para abordar cuáles son los problemas urbanos y siendo uno de los más importantes en los entornos urbanos la inseguridad.
En un tercer punto, se plantea como un derecho humano y desde esta perspectiva las políticas públicas de seguridad han de atender a dos puntos centrales:
La proximidad del territorio, y que las políticas de seguridad estén centradas sobretodo en las personas y no tanto en los medios materiales.
Las políticas públicas de seguridad deben tener un carácter integral y quizás esta es la cuestión más difícil y el reto más destacado para las administraciones públicas; el carácter integral significa que no se han de centrar únicamente en la
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