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QUIESCENCIA ESTATAL ANTE OPERACIÓN CRIMINAL, GÉNESIS DE VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN SISTEMÁTICA

 

 

Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en la frontera norte se ha observado que los jueces en las cortes de migración rechazan cerca del 98% de las solicitudes de asilo político. En su mayoría, los casos suscitados desde 2008 han sido de personas que huyen de la violencia y el crimen organizado.

 

El argumento es que el asilo político solo podía darse a personas con miedo a regresar a su país por sus acciones o afinidades sociales, políticas, religiosas o raciales. La condición especial por razones de tortura solo contempla la acción del Estado, por lo que las persecuciones orquestadas por cárteles calificaban como “violencia común y corriente”.

 

A este tipo de omisiones se les conoce como “crimen autorizado”, concepto con el que se explican una serie de acciones ilegales que, no obstante, son validadas por el Estado como parte de su funcionamiento cotidiano. Dicho fenómeno fue desarrollado en un libro del mismo nombre y reflexionado durante una presentación organizada por la IBERO Puebla.

 

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